A- de 2024

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 20 Administrativo de Oralidad, la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, todos de Bogotá.

Encontró la Corte que en el presente caso sólo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que el Tribunal involucrado admitió la solicitud de amparo dirigida a la Fiscalía General de la Nación, pero se declaró incompetente para conocer otra parte de ella, con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

Con base en lo anterior, escindió la acción de tutela y remitió copia del asunto a los juzgados que consideró competentes para tramitar las demás pretensiones.

Al no tener certeza sobre el estado actual de las partes procesales escindidas, la Sala Plena validó la división con el fin de no retrotraer las actuaciones judiciales que legítimamente se hubieran adelantado ante otras autoridades judiciales y, a su vez, para no generar mayores dilaciones en el acceso efectivo a la administración de justicia.

No obstante, reprochó la mencionada actuación por ser impropia y desatender parámetros jurisprudenciales.

Se dirimió el conflicto con la remisión del expediente al Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá para que, de forma inmediata, asuma el conocimiento de la parte escindida mencionada.

Se hizo una advertencia la Tribunal involucrado para que, en lo sucesivo, se abstenga de escindir las acciones de tutela con fundamento en reglas de reparto, pues ello desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte y afecta la efectividad de la acción constitucional.

Al juzgado administrativo en controversia se le hizo una advertencia para que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.